Desde Casanare, el contralor encargado, Carlos Zuluaga, denunció irregularidades en el contrato para la vigilancia electrónica a personas con detención domiciliaria. 

"La Contraloría estableció dos hallazgos fiscales por $14.981 millones por irregularidades detectadas en el servicio de vigilancia electrónica a personas con detención domiciliaria", indicó Zuluaga.

Igualmente, el contralor destacó que han señalado que el actual modelo de vigilancia es ineficiente. 

“La Contraloría venía haciendo anuncios de que es ineficiente el mecanismo tecnológico que está utilizando la administración para poder hacerle vigilancia real a las personas que están privadas de la libertad”, explicó.

Es más, la entidad de control señaló que la interventoría habría fallado en el “seguimiento y control”, permitiendo que se hagan cobros del contrato sin que los dispositivos estuvieran activos.

Por último, el contralor Zuluaga apuntó que el hacinamiento en las cárceles está por encima de un 50% en todo el país. 

“Hay un hacinamiento por encima del 50% en todo el país, sin contar que nos estarían llegando personas de Ecuador y otras zonas. Hay construcciones de cárceles con procesos lentos, por lo que se podrían convertir en elefantes blancos”, remató.

Cabe destacar que actualmente en Barranquilla hay 7 mil procesados con domiciliaria y solo hay 15 guardias para vigilarlos, según informó la Personería Distrital.